Por Martín Simacourbe

Los últimos días del gobierno de Alberto Fernández se terminan con una situación traumática para la industria automotriz. Sin dólares, ya no solo faltan automóviles importados, sino también piezas para producir los que se hacen frontera adentro.

Las paradas en las cadenas de montaje, que venían siendo esporádicas o que dejaban unidades sin terminar, se están convirtiendo en detenciones más frecuentes y duraderas, que amenazan con provocar un parate que provoque suspensiones, un panorama que el gobierno quiere evitar a toda costa, pero que no parece torcer.

En el día de ayer fueron varias las noticias que involucraron a gremios disgustados, terminales al borde de un ataque de nervios y trabajadores que no saben si van a ser convocados para lo que resta de la semana.

Como un deja vu, las restricciones a los importados a través de la autorización de ingresos (antes con las SIMI, hoy con as SIRA) no es algo nuevo bajo el signo de un gobierno kirchnerista, pero al menos en este, la producción local fue siempre un bastión que se potenció con respecto al ciclo macrista.

Al son de las restricciones, la industria automotriz argentina ganó preponderancia gracias a la demanda de vehículos fabricados internamente, pero también generó la apertura de nuevos mercados o la mejora en algunos, en Latinoamérica, para generar divisas que mejoren la balanza.

Sin embargo, agobiado por una balanza cada vez más negativa, el gobierno está deteniendo cualquier ingreso de vehículos y partes. Hace casi dos meses que no se liberan automóviles (incluso de Brasil y salvo los que se traen con dólares propios) y ahora también se suman las piezas para producir los vehículos argentinos.

Las que lo hagan, si finalmente se aprueba algún ingreso, deberán pagar el impuesto PAIS que encareció un 7,5 por ciento el dólar de la transacción. Y no solo en automóviles terminados, como prometió Massa, sino también en las autopartes, que inicialmente estaban fuera del gravamen.

En el medio, el cliente ve como salvo poquísimas versiones, gran parte del mercado está distorsionado con precios ficticios para no pagar un gravamen que nació para los autos de lujo y hoy afecta a los más populares, provocando sobreprecios. A eso se suma la falta de stock, la poca o nula competencia para con los autos locales y la degradación de la oferta, que tiene vehículos repletos de impuestos y para los que hay que pagar una fortuna para sacarlos del concesionario.

La situación es muy preocupante, pero tampoco sorprende tanto, pese a que estos años varias terminales estuvieron festejando ciclos de rentabilidad récord gracias al desdoblamiento cambiario. Hace tiempo que el gobierno viene vaciando las arcas del estado y algún día se iba a ver el final de la olla. El cálculo fue tan malo que ni siquiera se completó el mandato antes de que esto ocurriera, como para tirarle el fardo al que venga, algo ya clásico de los gobiernos populistas.

Incluso esto último tampoco debiera sorprender: en estos cuatro años, el poder estuvo en manos de una vicepresidenta ausente y procesada, que formó un gobierno títere con alguien que la detestaba y que, mientras amenazaba al pueblo con sanciones por romper el aislamiento, festejaba el cumpleaños de su pareja. Y cuando sus diferencias provocaron que todo se les fuera de las manos, llamaron a un mitómano serial que años antes juraba que los iba a llevar presos. Chiqui Tapia diría “no trates de entenderlo”.

Es el mismo ministro que un día antes de celebrar que una terminal estrenaba un modelo con muchas partes locales que generaba trabajo argentino para el mundo, había activado a espaldas de ADEFA amplios beneficios para la producción de vehículos con solo el 10 por ciento de integración. Sus manejos espurios hicieron que hasta la automotriz modelo quedara muy mal parada con sus pares.

Veremos como trascurre este fin de ciclo. Ojalá el próximo gobierno pueda encausar un poco las cosas y el mercado y la industria automotriz argentina vivan tiempos más esperanzadores. Cuesta creer que se pueda estar peor.