General Motors, Stellantis, Toyota y Volkswagen alzaron la voz frente a una posible medida del Gobierno brasileño que permitiría beneficios fiscales para vehículos importados en kits SKD (semi-desmontados) y CKD (completamente desmontados). Las marcas enviaron una carta conjunta al presidente Lula advirtiendo que esto podría afectar gravemente la industria local.

“El incentivo a vehículos desmontados no representa una transición industrial, sino un modelo que debilita la producción nacional y pone en riesgo empleos”, señala la misiva firmada por directivos de las compañías, publicada en LinkedIn.

El pedido que originó la controversia proviene de BYD, que está por comenzar a ensamblar autos eléctricos en su planta de Camaçari (Bahía). La marca solicitó reducir los aranceles de importación de SKD al 10% y CKD al 5% hasta 2028. Hoy, esas tasas se incrementan gradualmente hasta llegar al 35%.

BYD argumenta que los incentivos facilitarían la creación de empleos y la nacionalización de componentes, ya que algunos elementos como motores, bancos o faros podrían producirse localmente antes de 2028. Además, asegura que el ensamblado parcial durará solo 18 meses, antes de pasar a procesos más completos como pintura y soldadura en Brasil.

La propuesta también impone requisitos: los híbridos no deben superar un determinado consumo y los eléctricos deben ofrecer al menos 250 km de autonomía.

Otras marcas chinas como GWM, Geely, Zeekr, Omoda y GAC también avanzan en proyectos productivos en Brasil, lo que refuerza la tensión con las terminales históricas. Estas últimas advierten que una medida así podría generar desempleo, dependencia tecnológica y dañar la balanza comercial sin aportar valor real a la industria local.